Nunca hablaremos demasiado acerca de la urgente necesidad de aunar esfuerzos con el propósito de erradicar de nuestro entorno planetario la deleznable presencia de toda forma de discriminación. Máxime cuando se trata de la escuela y de todo ambiente educativo que acoja a niños, niñas y/o adolescentes. Y es que, aparte de la familia, ninguna otra institución social resulta más influyente en la generación, fijación y perpetuación de conductas discriminatorias como la escuela. Esto se debe a que la escuela funge casi siempre como instancia justificadora y promotora por excelencia del status quo, o sea, del orden social predominante, de los patrones culturales vigentes y del sistema económico establecido.
Por esto mismo, la escuela emerge tradicionalmente como un ente disciplinador, pues (de acuerdo con esta visión aniquilante) ella es la responsable de moldear, en modo implacable, la mente y el espíritu de las nuevas generaciones conforme al paradigma socio-económico y cultural imperante. En este sentido, la escuela actúa como principal garante del cumplimiento de las expectativas sociales con respecto a cada uno de los seres humanos a ella confiados. No habría mayores dificultades si esta labor se realizase conforme a parámetros éticamente válidos. Pero, ¡he ahí el problema!
En el ejercicio de esta labor la escuela no actúa libremente ni tampoco guiada por valores morales asumidos conscientemente como fundamentos de la propia acción. La escuela simplemente tiende a duplicar y repetir, de forma acrítica y casi siempre automática, el modelo de conducta socialmente válido, para que éste sea transmitido íntegramente a los ciudadanos y ciudadanas en formación. Dicho modelo no se discute, no se analiza, no se cuestiona: se asume… y punto. Las características individuales no cuentan, la libertad de los sujetos tampoco. Cuenta únicamente aquello que se ha de enseñar y que los alumnos deben aprender para poder subsistir: los prejuicios. Ya hablaremos de esto más adelante.
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